Gobernador de Tamaulipas pide a la Federación integrar en un marco jurídico los criterios sobre la reapertura económica en las entidades.

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Gobernador de Tamaulipas pide a la Federación integrar en un marco jurídico los criterios sobre la reapertura económica en las entidades.

● Advirtió el mandatario de Tamaulipas que transferir a los estados esta
responsabilidad, que constitucionalmente corresponde al Gobierno Federal,
pone a las entidades en una situación irregular en materia jurídica.

Junio 02 del 2020
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores sostuvieron hoy una reunión de trabajo virtual con autoridades del
Gobierno Federal, en la que analizaron la estrategia del regreso a la actividad
económica en las entidades del país para definir acuerdos y coordinar los trabajo
la Federación y los gobiernos de los estados, en esta etapa del COVID-19.
El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó al Gobierno Federal que
dicte una disposición general con los criterios que deben aplicar las entidades
federativas para la apertura de las actividades económicas, a fin de definir, en un
marco jurídico sanitario general, el curso de acción que deberán seguir.
En el caso de Tamaulipas, dijo el mandatario, es necesario que formalicen por
escrito el curso de acción que debe seguir este gobierno para garantizar la
legalidad de las decisiones que se toman para la reapertura de las actividades
económicas sin dejar de cuidar a la población y salvar vidas.
Dijo que con la estrategia denominada “Nueva Normalidad” implementada por el
Gobierno Federal y la semaforización de riesgo por entidad federativa, el Gobierno
de México, traslada a los estados la responsabilidad de decidir e imponer la
restricción de actividades y las medidas de control, de acuerdo a lo que cada
entidad interprete sobre la semaforización federal.
Aseguró el Gobernador que esta responsabilidad en materia de salud, es otorgada
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de forma
extraordinaria y exclusiva al Gobierno Federal. La Constitución reserva en la
federación la facultad de declarar una enfermedad como epidemia de carácter
grave y de dictar disposiciones generales obligatorias para todas las autoridades y
particulares en el país.

Advirtió que esta transferencia de responsabilidades no cuenta con reglas,
presupuesto o marco jurídico sanitario general, y por tanto, pone a las entidades
en una situación irregular.
Explicó, que si las entidades aplican el semáforo rojo que definió la federación, en
los hechos se deja sin vigencia los acuerdos de reapertura dictados por el mismo
Gobierno Federal, violando los derechos de aquellas personas y empresas que
están en condiciones de reapertura, según los criterios establecidos en dichos
acuerdos, generando que se promuevan amparos contra la determinación
eventual de cierre.
Por el contrario, si las entidades omiten la semaforización y abren actividades más
allá de las que son esenciales, pueden incurrir en una violación a las directrices
sanitarias obligatorias dictadas conforme a las facultades de la Constitución,
porque se debatiría con la misma Federación el sustento legal para reperturar los
negocios en determinadas circunstancias, por eso, dijo, es necesario dictaminar
una disposición general con los criterios dictados legalmente para que sean
atendidos por las entidades federativas.

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