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Fraude en pago de autopista debe ser frenado por próximo gobierno
Por Javier Claudio
El clamor sigue siendo sostenido por usuarios de las autopistas; debe ponerse fin al cobro de cuotas como el gran negocio establecido por los anteriores sexenios y de empresas concesionarias, esto bajo sanción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Automovilistas particulares y empresarios del autotransporte, reprobaron que desde 1991 se pague una cuota por utilizar la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, según en tanto se recuperaba la inversión y no obstante se concesionó a una empresa particular.
“Pro aún que no obstante sostenernos este pago irregular, se creó la mini autopista Nuevo Laredo-La Gloria, que por igual se cobran alrededor de 215 pesos por camión de carga, peor por igual también se va a concesionar y seguiremos pagando aun después de recuperar lo invertido”, advirtió Noé de Jesús Salinas, gerente de una empresa de autotransporte de carga.
“Sin embargo, también sostenéosla confianza en que este nuevo gobierno que toma posesión a partir del primero de octubre, corrija esta irregularidad que por años le ha dejado fortunas a particulares”, asentó.
Mencionó que luego de 29 años de operar la Autopista Nuevo Laredo-Monterrey, ésta ya debió haberse pagado con las cuotas de peaje y por lo tanto seguir cobrando es un fraude. Sin embargo, SCT la concesionó en 1991 a Viaductos de Peaje. S. A. de C. V.
Cabe señalar que actualmente esta autopista tiene un cobro de reciente incremento del 4.8 por ciento, al pagar 265 pesos el automovilista, esto es 12 pesos más, en tanto que los camiones de carga de 2, 3 y 4 ejes pagan 352 pesos, de 336 que pagaban.
Expresó que datos recopilados por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Confederación Nacional de Transportista Mexicanos (Conartram), del 2012 a la fecha la SCT recaudó por encima de los ocho mil millones de pesos por concepto de peaje en la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo.
“Basta de abusos, esta autopista ya se pagó desde los primeros años, pero pasó a convertirse –como tantas otras– en un negocio del gobierno o de las empresas concesionarias, sin importar la afectación a usuario”, reprochó un automovilista procedente de Monterrey.
