Noreste Digital Noticias
Por Luis Enrique Arreola Vidal.
Tamaulipas se ha consolidado como un enclave donde la corrupción y la impunidad no solo persisten, sino que parecen institucionalizadas. Mientras otras entidades federativas avanzan, aunque sea tímidamente, en la lucha contra la corrupción, Tamaulipas se aferra a prácticas que protegen a los poderosos y desamparan a la ciudadanía.
Poseemos un Sistema de Justicia Paralizado.
Entre 2018 y 2024, Tamaulipas registró únicamente 62 carpetas de investigación por delitos relacionados con corrupción, situándose en el último lugar a nivel nacional en este ámbito.
Sorprendentemente, durante este periodo no se emitió ninguna sentencia condenatoria. Los delitos más denunciados incluyen desempeño irregular de la función pública, ejercicio indebido del servicio público, peculado, negociaciones ilícitas, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. 
Esta inacción judicial no es casualidad. La percepción de corrupción en el estado ha mostrado variaciones preocupantes. En 2017, el 17.08% de los trámites realizados por ciudadanos fueron susceptibles de prácticas corruptas, posicionando a Tamaulipas en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a integridad gubernamental. 
Sanciones Simbólicas: Una Burla a la Ciudadanía.
La Contraloría Gubernamental del Estado ha inhabilitado a 24 exfuncionarios por no presentar sus declaraciones patrimoniales al concluir sus cargos. Estas sanciones, que varían de tres meses a un año de inhabilitación, resultan irrisorias y evidencian una falta de compromiso real en combatir la corrupción. Además, se han remitido 12 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas consideradas graves, pero sin resultados tangibles hasta la fecha. 
Blindaje Legal: Fuero para los Intocables.
En una maniobra que desafía el sentido común y la demanda ciudadana de transparencia, el Congreso de Tamaulipas aprobó recientemente una reforma constitucional que otorga fuero a la Contralora Gubernamental y al jefe de la Oficina del Gobernador.
Esta medida, respaldada por 34 votos a favor, amplía la inmunidad procesal a funcionarios clave del gabinete estatal, protegiéndolos de posibles investigaciones futuras. 
Esta acción contrasta con iniciativas en otras entidades que buscan eliminar el fuero para garantizar que los servidores públicos enfrenten la justicia en igualdad de condiciones. Mientras en otros estados se promueven reformas para limitar la inmunidad de los funcionarios, Tamaulipas opta por reforzarla, enviando un mensaje claro: aquí, la élite política se protege a sí misma.
La Realidad Ciudadana: Inseguridad y Desconfianza.
La corrupción y la impunidad tienen consecuencias directas en la vida de los tamaulipecos. La percepción de inseguridad en la entidad es alarmante. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 60.7% de la población considera la inseguridad como el problema más importante que los aqueja. 
Casos recientes, como el intento de secuestro del diputado local Vicente Verástegui, quien tuvo que esconderse en la maleza para evitar ser capturado, ejemplifican la vulnerabilidad incluso de figuras públicas ante la delincuencia. Este incidente subraya la desconfianza hacia las autoridades estatales y la percepción de colusión entre fuerzas de seguridad y el crimen organizado. 
Conclusión: Un Llamado a la Acción.
Tamaulipas se enfrenta a una encrucijada. La perpetuación de prácticas que fomentan la impunidad y protegen a una élite política corrupta ha socavado la confianza ciudadana y ha exacerbado la crisis de seguridad.
Es imperativo que la sociedad tamaulipeca exija rendición de cuentas, transparencia y reformas que verdaderamente combatan la corrupción. La corrupción sobrevive en la sombra. Y la única manera de derrotarla es encendiendo la luz.
