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«No podemos permitir que la justicia siga siendo un privilegio para unos cuantos. En una nación con tantas desigualdades, el Poder Judicial tiene la obligación de responder a las necesidades de la sociedad. Necesitamos jueces y juezas que no solo apliquen la ley, sino que la interpreten con sensibilidad y equidad», afirmó Ibarra Olguín.
Señaló también que la renovación del Poder Judicial pasa por adoptar la equidad como eje central en las decisiones judiciales. «Es fundamental que los jueces detecten las vulnerabilidades de los grupos más desfavorecidos y dicten resoluciones que corrijan las desigualdades. La equidad no es un favor, es un derecho constitucional y una obligación moral», subrayó.
Además, insistió en que una justicia con equidad debe ser clara, accesible y comprensible para la ciudadanía. «La gente necesita entender y confiar en las decisiones judiciales. No podemos permitir que el derecho se vuelva un laberinto de tecnicismos y barreras procesales. La prioridad debe ser siempre la justicia sustantiva y efectiva», agregó.
También destacó la importancia de la responsabilidad institucional dentro del Poder Judicial, afirmando que este debe actuar en coordinación con otros poderes del Estado en la defensa de los derechos humanos. «Los jueces no pueden ser ajenos al cambio social, deben ser agentes que lo impulsen con sus resoluciones», sostuvo.
Sobre el concepto de justicia con equidad, Ibarra Olguín explicó: «No se trata de tratar igual a quienes parten de situaciones desiguales. La equidad implica garantizar que cada persona tenga los recursos y las condiciones necesarias para ejercer sus derechos plenamente. El papel de los jueces es nivelar esa balanza, protegiendo especialmente a quienes han sido marginados históricamente».
Para cerrar su participación, hizo un llamado a la comunidad académica y jurídica a seguir promoviendo una justicia con equidad, cercana y efectiva. «Solo de esta manera podemos reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones y lograr que la justicia sea una realidad tangible para todos», concluyó.
Villahermosa, Tabasco. Durante un encuentro académico en la Universidad Popular de la Chontalpa, la magistrada Ana María Ibarra Olguín subrayó la urgencia de transformar el Poder Judicial para consolidar una justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional. En su conferencia magistral, enfatizó que el sistema judicial en México no debe ser visto como inaccesible ni ajeno a las demandas ciudadanas, sino como un pilar de transformación social.
«No podemos permitir que la justicia siga siendo un privilegio para unos cuantos. En una nación con tantas desigualdades, el Poder Judicial tiene la obligación de responder a las necesidades de la sociedad. Necesitamos jueces y juezas que no solo apliquen la ley, sino que la interpreten con sensibilidad y equidad», afirmó Ibarra Olguín.
Señaló también que la renovación del Poder Judicial pasa por adoptar la equidad como eje central en las decisiones judiciales. «Es fundamental que los jueces detecten las vulnerabilidades de los grupos más desfavorecidos y dicten resoluciones que corrijan las desigualdades. La equidad no es un favor, es un derecho constitucional y una obligación moral», subrayó.
Además, insistió en que una justicia con equidad debe ser clara, accesible y comprensible para la ciudadanía. «La gente necesita entender y confiar en las decisiones judiciales. No podemos permitir que el derecho se vuelva un laberinto de tecnicismos y barreras procesales. La prioridad debe ser siempre la justicia sustantiva y efectiva», agregó.
También destacó la importancia de la responsabilidad institucional dentro del Poder Judicial, afirmando que este debe actuar en coordinación con otros poderes del Estado en la defensa de los derechos humanos. «Los jueces no pueden ser ajenos al cambio social, deben ser agentes que lo impulsen con sus resoluciones», sostuvo.
Sobre el concepto de justicia con equidad, Ibarra Olguín explicó: «No se trata de tratar igual a quienes parten de situaciones desiguales. La equidad implica garantizar que cada persona tenga los recursos y las condiciones necesarias para ejercer sus derechos plenamente. El papel de los jueces es nivelar esa balanza, protegiendo especialmente a quienes han sido marginados históricamente».
Para cerrar su participación, hizo un llamado a la comunidad académica y jurídica a seguir promoviendo una justicia con equidad, cercana y efectiva. «Solo de esta manera podemos reconstruir la confianza de la sociedad en sus instituciones y lograr que la justicia sea una realidad tangible para todos», concluyó.
