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Alejandro de Anda…
LO CLARO. La Universidad Autónoma de Tamaulipas suma a su tradición académica el reconocimiento con el doctorado honoris causa al secretario de salud de México, Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, figura de peso en la medicina nacional cuya trayectoria se traduce en aportes concretos a la salud pública.
El nombramiento refuerza una línea ya trazada por la institución hacia la investigación aplicada, la vinculación y la formación con sentido, donde el estudiantado accede a referentes de alto nivel, el profesorado amplía sus márgenes de colaboración y la comunidad recibe los beneficios de una universidad que consolida su papel como generadora de conocimiento útil.
LO OSCURO. En los congresos locales ya se volvió deporte presentar ocurrencias. Se anuncian con bombo y platillo, se suben a tribuna, salen en portada… y después se caen solas.
Duran lo que dura el aplauso. Mientras tanto, la gente sigue lidiando con lo mismo. Inseguridad, transporte malo, servicios que no alcanzan. En 2024, el INEGI reportó que más del 56 % de la población desconfía de sus autoridades locales. No es casualidad.
Un año antes, el IMCO documentó congresos estatales que acumulan cientos de iniciativas por periodo con tasas de efectividad por debajo de la mitad.
Mucho papel, poca solución.
¿Tamaulipas? No es tan distinto.
La llamada “Ley Comaye”, promovida por la diputada de apellidos Jaime Castillo. La propuesta pretendía crear un órgano que “vigile” el ejercicio periodístico, reciba quejas y emita señalamientos públicos. O lo que es lo mismo, un tribunal moral sin facultades judiciales, capaz de marcar reputaciones.
La iniciativa nació sin piso técnico, sin consenso y con un riesgo evidente sobre la libertad de expresión. El propio Congreso del Estado de Tamaulipas la dejó congelada. Una idea así puede sonar ordenada en el discurso, aunque en la práctica abre la puerta a la presión y al señalamiento sin garantías. Viabilidad nula.
Otra más.
Una propuesta de responsabilizar penalmente a padres por delitos de sus hijos, impulsada por la diputada Reyes González. El titular vende cárcel para los papás; el derecho penal dice otra cosa.
En México rige la responsabilidad individual; cada quien responde por sus actos. Extender castigos penales a terceros, de manera general, rompe un principio básico. Para sancionar a un padre se requiere probar participación directa o una omisión grave perfectamente acreditada. Convertir eso en regla amplia es inviable. Vacío y desconocimiento total de la ley.
Las dos iniciativas comparten el mismo problema… nacen sin pies ni cabeza. Sin datos, sin análisis, sin entender cómo funcionan las leyes en la vida real. El CIDE lleva años señalando la falta de equipos técnicos serios en los congresos locales. Se legisla más con intuición que con información. Y así salen cosas que sirven para la foto, pero no para gobernar.
Mientras tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra patrones claros en la incidencia delictiva; el SEDATU documenta rezagos en movilidad y vivienda. La agenda legislativa, sin embargo, camina por otro carril. Sin saber qué demanda SU COMUNIDAD.
La forma de acceso al cargo también pesa. En 2024, cerca del 44 % de las curules locales se definieron por representación proporcional, según el INE. La figura cumple una función democrática, aunque en la práctica también abre espacio a perfiles que llegan por acuerdo de partido. Con incentivos puestos en la visibilidad inmediata, la tentación es presentar iniciativas que generen impacto mediático, aun cuando carezcan de viabilidad jurídica.
El problema de fondo es más amplio que dos iniciativas fallidas. Se trata de un modelo legislativo que produce volumen y presencia… sin resultados. El ciudadano enfrenta transporte deficiente, inseguridad persistente, servicios saturados. El congreso responde con proyectos que duran lo que dura el ciclo de noticias.
¿Qué falta?
Revisar a fondo las constituciones locales, quitar lo que ya quedó viejo, actualizar lo que ya no responde a la realidad. Hoy los estados enfrentan ciudades más grandes, problemas de movilidad, economía digital, seguridad compleja. Seguir legislando con reglas pensadas para otro México solo agranda la brecha.
Un ejercicio constituyente, con participación de academia y sociedad, daría orden a un andamiaje que hoy luce anacrónico.
Se requieren reglas básicas de calidad. Estudios de impacto obligatorios, consultas públicas reales, dictámenes con datos verificables y evaluación posterior de resultados.
Menos ocurrencia, más evidencia.
Los congresos locales tienen una deuda con su electorado. Cada iniciativa vacía suma desconfianza. La política que se limita al titular termina por volverse irrelevante.
COLOFÓN: Ya tuvimos también ‘El día del caballo’… falta el del perro amarillo.
Los datos duros, existen… solo los que proporciona el Secretariado Ejecutivo de Seguridad y el SEDATU bastan y sobran para darle una nueva calidad de vida a la comunidad.
Falta saber usarlos…
alejandrodeanda@hotmail.com
@deandaalejandro
