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\u25cf Un an\u00e1lisis constitucional de la iniciativa en Tamaulipas<\/p>\n\n\n\n
Por Agustin Pe\u00f1a Cruz*<\/p>\n\n\n\n
En el complejo entramado del Estado de derecho, la libertad de expresi\u00f3n es un derecho cardinal. En Tamaulipas, una nueva iniciativa (congelada hasta el momento) en el Congreso busca crear un \u201cColegio de Periodistas\u201d con personalidad jur\u00eddica, recomendaciones \u00e9ticas y la figura del \u201cextra\u00f1amiento p\u00fablico\u201d. Aunque en apariencia la propuesta intenta fortalecer el periodismo, su estructura normativa puede derivar en un control indirecto sobre la libertad de informar, una amenaza para los derechos humanos, protegidos por la Convenci\u00f3n Americana y la Constituci\u00f3n mexicana.<\/p>\n\n\n\n
El eje de la reflexi\u00f3n debe situarse en el principio pro persona, consagrado en el art\u00edculo 1\u00ba constitucional. Este principio impone que, en caso de duda, se interpreten las normas de manera m\u00e1s favorable a los derechos humanos. Si este principio se aplica a la iniciativa propuesta, se advierte un riesgo de perjuicio al derecho colectivo a la informaci\u00f3n. La colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas, aunque no se imponga de manera expl\u00edcita, genera un control estatal encubierto sobre qui\u00e9nes pueden ejercer el periodismo. Esta l\u00f3gica es incompatible con las garant\u00edas consagradas en el art\u00edculo 6\u00ba y 7\u00ba constitucionales, as\u00ed como con el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es clara: en su Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85, se determin\u00f3 que la colegiaci\u00f3n forzosa de periodistas limita el ejercicio libre de la palabra.<\/p>\n\n\n\n
Esta tensi\u00f3n se proyecta en un panorama m\u00e1s amplio. De acuerdo con la organizaci\u00f3n Art\u00edculo 19, M\u00e9xico se mantiene entre los pa\u00edses m\u00e1s peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En Tamaulipas, la situaci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s grave. Seg\u00fan los informes de Art\u00edculo 19, en los \u00faltimos a\u00f1os las agresiones a periodistas han crecido de manera alarmante, el asesinato m\u00e1s reciente es del compa\u00f1ero Alfredo de la Cruz. Desde amenazas hasta ataques f\u00edsicos, la impunidad es la regla. En ese contexto, la propuesta legislativa no aborda las causas estructurales del riesgo, sino que introduce un mecanismo simb\u00f3lico que, en los hechos, podr\u00eda convertirse en una forma de censura indirecta.<\/p>\n\n\n\n
El control de convencionalidad, exigido por la reforma constitucional de 2011, impone al legislador tamaulipeco un an\u00e1lisis riguroso: la iniciativa debe ser compatible con la Convenci\u00f3n Americana, respetar la jurisprudencia interamericana y garantizar un test de proporcionalidad. En este caso, la iniciativa es d\u00e9bil: aunque<\/p>\n\n\n\n
busca una finalidad leg\u00edtima, carece de necesidad y proporcionalidad. Existen alternativas menos restrictivas: fiscal\u00edas especializadas, protocolos de protecci\u00f3n y pol\u00edticas p\u00fablicas focalizadas.<\/p>\n\n\n\n
La ambig\u00fcedad de conceptos como \u201crecomendaciones \u00e9ticas\u201d o \u201cconducta period\u00edstica adecuada\u201d abre la puerta a interpretaciones discrecionales, en una clara violaci\u00f3n al principio de taxatividad. Adem\u00e1s, esta colegiaci\u00f3n simb\u00f3lica puede discriminar a periodistas sin t\u00edtulo formal, excluyendo voces independientes y generando un corporativismo que limita la pluralidad. La historia latinoamericana es pr\u00f3diga en ejemplos de c\u00f3mo las normativas corporativas derivan en formas abiertas de censura.<\/p>\n\n\n\n
La libertad de expresi\u00f3n no es un privilegio del periodista profesional, sino un derecho colectivo que pertenece a toda la sociedad. En ese sentido, cualquier intento de regular indirectamente qui\u00e9n puede ejercerla o bajo qu\u00e9 par\u00e1metros \u00e9ticos definidos desde el poder p\u00fablico, compromete no solo a quienes informan, sino a quienes reciben la informaci\u00f3n. La democracia, en su esencia m\u00e1s pura, descansa en esa circulaci\u00f3n libre de ideas, cr\u00edticas y datos, sin filtros institucionales que condicionen su legitimidad.<\/p>\n\n\n\n
La figura del \u201cextra\u00f1amiento p\u00fablico\u201d, contemplada en la iniciativa, sintetiza con claridad este riesgo. Aunque se presenta como una medida no coercitiva, su impacto puede ser profundamente disuasivo. La estigmatizaci\u00f3n institucional, aun sin sanci\u00f3n formal, tiene efectos reales: erosiona reputaciones, condiciona l\u00edneas editoriales y fomenta la autocensura. En t\u00e9rminos del sistema interamericano, se trata de un mecanismo indirecto de restricci\u00f3n, expresamente prohibido por el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s a\u00fan, la propuesta parece partir de una premisa equivocada: que el problema del periodismo en Tamaulipas es de car\u00e1cter \u00e9tico o de organizaci\u00f3n gremial. Sin embargo, los datos muestran otra realidad. Informes recientes de Art\u00edculo 19 documentan que las agresiones contra periodistas no solo persisten, sino que en muchos casos provienen de autoridades. En el estado, las amenazas, intimidaciones y ataques contin\u00faan en un entorno donde la impunidad es continua. Frente a ello, la respuesta institucional deber\u00eda centrarse en garantizar la seguridad, no en regular el discurso.<\/p>\n\n\n\n
Mientras los periodistas enfrentan riesgos f\u00edsicos y legales en el ejercicio de su labor, la iniciativa propone mecanismos simb\u00f3licos que pueden convertirse en herramientas de control. Esta desconexi\u00f3n entre el diagn\u00f3stico y la soluci\u00f3n revela una debilidad de fondo: la falta de un enfoque basado en derechos humanos y en el principio pro persona, que obligar\u00eda a optar por medidas que ampl\u00eden \u2014y no restrinjan\u2014 el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desde la \u00f3ptica del control de convencionalidad, la omisi\u00f3n es significativa. El legislador local tiene la obligaci\u00f3n de contrastar sus propuestas con los est\u00e1ndares internacionales, particularmente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85 no deja margen de interpretaci\u00f3n: cualquier forma de colegiaci\u00f3n obligatoria, o que produzca efectos equivalentes, resulta incompatible con la libertad de expresi\u00f3n. Ignorar este precedente no solo debilita la iniciativa, sino que expone al Estado mexicano a posibles responsabilidades internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la ambig\u00fcedad normativa contenida en la propuesta vulnera el principio de seguridad jur\u00eddica. T\u00e9rminos como \u201c\u00e9tica period\u00edstica\u201d o \u201cconducta adecuada\u201d carecen de definici\u00f3n precisa, lo que permite su aplicaci\u00f3n discrecional. En un contexto donde el poder p\u00fablico interviene en la evaluaci\u00f3n de tales conceptos, el riesgo de arbitrariedad se incrementa de manera exponencial. La historia demuestra que estas zonas grises suelen ser el punto de partida para restricciones m\u00e1s severas.<\/p>\n\n\n\n
No puede soslayarse, adem\u00e1s, el componente de posible discriminaci\u00f3n indirecta. En un pa\u00eds donde el ejercicio del periodismo no est\u00e1 condicionado a una titulaci\u00f3n espec\u00edfica, la creaci\u00f3n de un colegio con reconocimiento legal puede derivar en la exclusi\u00f3n de voces independientes, comunitarias o emergentes. Esto no solo empobrece el debate p\u00fablico, sino que contradice el car\u00e1cter plural que debe tener el espacio informativo en una sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
El trasfondo de la discusi\u00f3n es, en \u00faltima instancia, pol\u00edtico y jur\u00eddico a la vez. La tentaci\u00f3n de ordenar, clasificar y validar el discurso desde el poder ha sido una constante en distintos momentos hist\u00f3ricos. Sin embargo, los est\u00e1ndares actuales en materia de derechos humanos son claros: el Estado no debe definir qui\u00e9n es un \u201cbuen periodista\u201d ni establecer par\u00e1metros \u00e9ticos vinculantes desde una estructura legal. La \u00e9tica, en el periodismo, se construye desde la pr\u00e1ctica libre, el escrutinio social y la responsabilidad profesional, no desde la imposici\u00f3n normativa.<\/p>\n\n\n\n
En este escenario, resulta indispensable que organismos nacionales e internacionales se pronuncien. Art\u00edculo 19, junto con otras instancias como la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n y organizaciones de la sociedad civil, tienen un papel crucial en la defensa de estos est\u00e1ndares. La intervenci\u00f3n no solo contribuir\u00eda a enriquecer el debate, sino a prevenir la adopci\u00f3n de medidas que podr\u00edan sentar un precedente regresivo.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa en Tamaulipas, lejos de ser un asunto aislado, refleja una tensi\u00f3n m\u00e1s amplia en el pa\u00eds: la dificultad de equilibrar la leg\u00edtima preocupaci\u00f3n por la calidad del periodismo con la obligaci\u00f3n de proteger la libertad de expresi\u00f3n. Sin embargo, ese equilibrio no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales. Cuando la protecci\u00f3n se convierte en control, se cruza una l\u00ednea que el constitucionalismo democr\u00e1tico ha tardado d\u00e9cadas en trazar.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, m\u00e1s que nunca, el resto es fortalecer las condiciones materiales para el ejercicio del periodismo: seguridad, acceso a la informaci\u00f3n, independencia editorial y combate a la impunidad. Cualquier esfuerzo legislativo que se aparte de ese camino corre el riesgo de convertirse en un instrumento de censura, aunque no lo declare abiertamente.<\/p>\n\n\n\n
Porque en el fondo, la pregunta no es si el periodismo necesita regulaci\u00f3n, sino qui\u00e9n debe ejercerla. Y en una democracia constitucional, la respuesta es clara: no el Estado, sino la propia sociedad, a trav\u00e9s del debate abierto, la cr\u00edtica constante y el ejercicio irrestricto de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electr\u00f3nico es agustin@noticiaspc.com.mx<\/p>\n\n\n\n
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administraci\u00f3n de Empresas, Licenciado en Seguridad P\u00fablica, Pasante de la Licenciatura en Derecho, Periodista investigador independiente y catedr\u00e1tico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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