Víctor Hugo Martínez
Imagine que es usted ese usuario responsable que, a pesar de las dificultades económicas, cumple mes con mes con su recibo de Comapa Sur.
Usted paga por un servicio que a veces falla, con la esperanza de que su dinero ayude a evitar la turbiedad del agua, a reparar el socavón de su colonia o a renovar las tuberías que ya cumplieron su ciclo de vida.
Pues bien, la mayoría morenista en el Congreso de Tamaulipas aprobó un decreto que suena a alivio para unos, pero a bofetada para otros: el “borrón y cuenta nueva”.
En concreto, tras el análisis del expediente 66-1059, se reformó el Artículo 149 de la Ley de Aguas del Estado.
El cambio técnico es profundo: ahora los adeudos tienen carácter de “créditos fiscales”, lo que obliga a los organismos operadores a reconocer que, por ley, cualquier deuda mayor a cinco años ha prescrito.
Es decir, el deudor eterno queda libre de culpa y cargo, mientras que la Comapa se queda con las cajas vacías.
Lo más indignante de esta historia no es solo la medida en sí, sino el silencio cómplice en la tribuna. La votación fue por unanimidad.
Ni un solo legislador, levantó la mano para cuestionar el impacto de esta decisión.
Al final, nadie defendió al que sí paga. Nadie se detuvo a pensar en el ciudadano que hace fila bajo el sol para estar al corriente, mientras los 36 diputados preferían el aplauso fácil del populismo legislativo que defender la viabilidad financiera del agua.
Esta “limpieza contable” ocurre en el peor momento para la zona sur.
Hace apenas unas semanas se anunció que “Con el objetivo de atender de manera prioritaria uno de los principales retos que enfrenta la zona sur del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó destinar una inversión inicial de 105 millones de pesos para atender la problemática de socavones en Tampico y Ciudad Madero”.
Una cifra que todos sabemos es una aspirina para un cáncer. Al arrebatarle legalmente al organismo la posibilidad de cobrar o negociar su cartera vencida, el Congreso le está quitando los ladrillos a la casa para intentar tapar un pozo.
La diputada Elvia Eguía, promotora de la iniciativa, argumenta que esto es «disciplina financiera» para eliminar dinero fantasma de los libros. Sin embargo, en la calle, el mensaje es otro y es muy peligroso: en Tamaulipas, sale más barato ser moroso que ser responsable.
¿De dónde saldrá el dinero para la infraestructura si el pasado se borra por decreto y el presente se castiga con el ejemplo? El «borrón» ya es ley, pero los platos rotos -y los tubos reventados- los seguiremos pagando los mismos de siempre.
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