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Víctor Hugo Martínez…
Una flota de 31 buques, empresarios transportistas, operaciones en las aduanas de Tampico y Altamira y un conocido agente aduanal de la zona sur forman parte de la presunta red de corrupción y contrabando de hidrocarburos que la Fiscalía General de la República (FGR) considera el mayor caso de huachicol fiscal investigado en México.
La organización habría utilizado una flota de embarcaciones para ingresar hidrocarburos de manera ilegal a través de las aduanas de Tamaulipas.
La trama delictiva involucra a altos mandos navales, empresarios transportistas, agentes aduanales e incluso a un exjuez federal, todos presuntamente vinculados en una estructura de corrupción y logística para movilizar el combustible en territorio nacional.
Operadores clave y empresas bajo la lupa
Entre los principales objetivos de la investigación se encuentra Osvel Tudón Rojas, empresario señalado por la Fiscalía como supuesto operador de sobornos en las aduanas de Altamira y Tampico. Asimismo, figuran Roberto Blanco Cantú, conocido como «El Señor de los Buques», y José Isabel Murguía Santiago, «El Choko».
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especial en Delitos en Materia de Hidrocarburos, se presume que la red se presume utilizó empresas de logística y transporte para introducir y distribuir el combustible, entre las que destacan:
- Agente aduanal Benito Abad Pérez Escalante
- Intanza
- Mefra Fletes
- Enerpol Transportes
- Autolíneas Roca
Protección institucional y red de corrupción
En el expediente se señala la participación del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando, quienes presuntamente contaban con «la protección derivada de su parentesco con su tío y entonces Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán».
La investigación también alcanza a figuras del ámbito legal y aduanal, como el exjuez federal Anuar González Hemadi y el agente aduanal Benito Abad Pérez Escalante, además de socios y representantes de las compañías transportistas involucradas.
Estatus jurídico del caso
Aunque la juez federal Mariana Vieyra Valdez devolvió la solicitud de las 14 órdenes de captura el pasado 29 de marzo por presuntas «deficiencias técnicas», autoridades federales informaron que las inconsistencias han sido subsanadas. Se espera que en las próximas horas la FGR solicite nuevamente las aprehensiones por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Este expediente es catalogado por las autoridades como el caso más grande de contrabando de combustibles llevado a tribunales federales, debido al volumen de hidrocarburos ingresados al país y la profundidad de la red de corrupción aduanal y empresarial detectada.
