FGR destapa red criminal infiltrada en alcaldías de Morelos

Por Agustín Peña Cruz|
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles sobre un operativo federal que derivó en la captura de funcionarios y exservidores públicos presuntamente vinculados con una estructura del crimen organizado que logró infiltrarse en gobiernos municipales de Morelos, en un caso que, según las autoridades, expone el alcance de la penetración criminal en procesos electorales y estructuras locales de poder.
Durante un mensaje oficial, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, señaló que las investigaciones permitieron identificar operaciones delictivas en al menos ocho municipios del estado, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.
“Esta Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, combate al crimen organizado que logró infiltrar presidencias municipales en el estado de Morelos”, declaró el funcionario al detallar el despliegue coordinado entre fuerzas federales.
El operativo incluyó la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Las acciones derivaron en el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan; Irvin “N”, exalcalde de Yecapixtla; así como Arisbel “N”, Pablo “N”, Horacio “N” y Jonathan “N”, identificados por las autoridades como actores políticos y sociales relacionados con la investigación.
De acuerdo con la FGR, las pesquisas fueron desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que detectó vínculos entre funcionarios municipales y grupos criminales dedicados a actividades como extorsión, homicidio, secuestro, robo y narcomenudeo.
Las autoridades sostienen que la organización delictiva utilizó financiamiento ilícito para impulsar campañas electorales y garantizar control territorial e impunidad. “El grupo delictivo logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos”, afirmó Lara López.
La investigación también apunta a presuntas intimidaciones contra adversarios políticos durante el proceso electoral de 2023-2024, así como a episodios de violencia vinculados con la disputa entre organizaciones criminales.
“Morelos enfrentó diversas situaciones de violencia en las que se presentaron delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro”, indicó el vocero federal, quien además relacionó estas actividades con asesinatos de exalcaldes registrados en 2022 y 2023, además de agresiones contra aspirantes a cargos de elección popular.
Uno de los elementos que fortaleció la indagatoria fue la difusión de material audiovisual en medios de comunicación donde, según la FGR, aparecían alcaldes electos y otros funcionarios reunidos presuntamente con Júpiter “N”, alias “El Barbas”, identificado como posible líder de una célula criminal que operaba en la región.
Con base en esos datos, la FEMDO obtuvo órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud. Las órdenes fueron autorizadas por un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con residencia en Hermosillo.
Además de las detenciones, las autoridades realizaron cateos en seis inmuebles ubicados en Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, Morelos.
La FGR aseguró que las investigaciones continuarán “de manera puntual” con el propósito de identificar otros posibles delitos y desmantelar completamente la estructura criminal detectada en la entidad.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la vulnerabilidad de gobiernos municipales frente a la infiltración del crimen organizado, particularmente en regiones donde las capacidades institucionales son limitadas y los procesos electorales han sido marcados por amenazas y violencia política.
En la parte final de su mensaje, la dependencia subrayó que las personas detenidas deberán ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia firme emitida por autoridad judicial competente, en cumplimiento del principio constitucional de presunción de inocencia.
“La Fiscalía General de la República reitera su trabajo y compromiso diario a favor de la población”, expresó Lara López. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.